CAE: Diputados UDI piden excluir a funcionarios y parlamentarios de altos ingresos
Los diputados proponen excluir a altos ingresos y funcionarios de altos ingresos o de planta del proyecto gubernamental, para evitar beneficiar a miembros de la corporación o del Gobierno.
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Los diputados Sergio Bobadilla y Cristhian Moreira, ambos de la UDI, han enviado un oficio a diferentes reparticiones del Estado para conocer cuántos funcionarios del Gobierno son deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Esta acción surge en el contexto de la confirmación desde La Moneda de que en el primer semestre de 2024 se ingresará un proyecto que buscará condonar una parte de las deudas del CAE.
La vocera Camila Vallejo señaló la importancia de pensar en el tránsito en el modelo de financiamiento, ya que eliminar el CAE implica ver cómo se va reemplazando este método paulatinamente. Esta iniciativa forma parte del programa presidencial presentado por Gabriel Boric en la elección de 2021, en el que se comprometió a poner fin al CAE y crear un nuevo sistema único de créditos, transitorio hasta alcanzar la gratuidad universal.
En 2022, La Segunda informó que los diputados Héctor Barría (DC), Juan Irarrázaval (REP) y Catalina Pérez (RD) seguían debiendo el CAE. También se mencionó a Diego Ibáñez (CS), pero desde su entorno indicaron que el congresista estudió con una fórmula crediticia distinta al CAE y siempre se mantuvo al día.
Ante esta situación, Bobadilla y Moreira expresaron su preocupación por un posible conflicto de interés si otros personeros también mantienen la deuda. Argumentan que el proyecto del Gobierno debería excluir a las autoridades, parlamentarios y funcionarios con altos ingresos o de planta, para evitar que se esté beneficiando a los mismos integrantes de la corporación o del Gobierno.
Los combinados nacionales deberán medirse contra rivales de Colombia, Uruguay y entre chilenos.
Según Latinobarómetro, los chilenos son los menos optimistas sobre su futuro económico y los más preocupados por la delincuencia en comparación con otros países de América Latina.
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Además, un 35% de los consultados considera “socialmente aceptable” conducir bajo los efectos del alcohol durante las celebraciones de Año Nuevo.
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